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Elaborado por Leoncio Alvarado Herrera
30 sep (AHN) La reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en su 80ª edición en Estados Unidos, volvió a poner en evidencia las tensiones inherentes al papel que este organismo desempeña en el escenario internacional. Cada vez son más las voces que advierten un progresivo distanciamiento de la ONU respecto de la misión para la cual fue concebida en 1945: preservar la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos, promover la cooperación entre naciones y garantizar el respeto al derecho internacional.
Si bien es innegable que los programas de desarrollo y las políticas sociales impulsadas por la ONU, como la Agenda 2030, han dejado huellas positivas en numerosos países, su actuación frente a conflictos armados y violaciones sistemáticas de derechos humanos suele ser cuestionada. En los grandes conflictos de las últimas décadas, la capacidad de incidencia del organismo parece limitada; con frecuencia, el desenlace depende más de los intereses geopolíticos de las potencias que de los pronunciamientos emanados de Nueva York. Así, no son pocos quienes consideran que la ONU ha quedado reducida a un rol más simbólico que decisivo.
En ese marco, la Asamblea se convirtió en un escenario de fuertes contrastes ideológicos y políticos. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump reivindicó su gestión como un supuesto garante de la paz, al autoproclamarse merecedor del Premio Nobel por “haber puesto fin a siete guerras” y erigirse en líder mundial contra el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó una visión diametralmente opuesta. Su discurso cuestionó de manera frontal la lógica imperial que rige la política internacional y puso sobre la mesa dos temas trascendentales: la tragedia humanitaria en Gaza y la ineficacia del paradigma global de lucha contra el narcotráfico.
Respecto del conflicto palestino, Petro denunció la complicidad de Estados Unidos y de varias potencias europeas en lo que calificó como un genocidio, señalando los miles de víctimas civiles, niños, mujeres y hombres, que ha dejado la ofensiva militar en Gaza. Exigió el cese inmediato de la violencia y el reconocimiento pleno del Estado palestino, al tiempo que acusó a la comunidad internacional de legitimar, con su silencio o su apoyo, la tragedia que se perpetúa en ese territorio.
En cuanto al narcotráfico, el mandatario colombiano desnudó la falacia de la narrativa tradicional que responsabiliza casi exclusivamente a los países de América Latina. Según su planteamiento, el fenómeno sería insostenible sin la demanda proveniente de los mercados de Estados Unidos y Europa, así como sin la participación de los circuitos financieros internacionales y de sectores económicos que se benefician de esta economía ilícita. Petro subrayó la injusticia de que la carga de la criminalización recaiga siempre sobre los más pobres y sobre los trabajadores de la periferia, mientras se omite el rol decisivo de las élites y de los centros de consumo en los países desarrollados.
El planteamiento del presidente colombiano se inscribe en una tradición crítica que en América Latina han encarnado líderes como Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, quienes en su momento también desafiaron el discurso hegemónico. Sin embargo, el costo político de asumir tales posturas suele ser elevado: aislamiento diplomático, sanciones, bloqueos económicos, estigmatización e, incluso, medidas simbólicas como la revocación de visas. La reciente restricción impuesta a Petro y a varios funcionarios colombianos ilustra el precio de confrontar la narrativa dominante: le han revocado la visa.
El trasfondo de esta disputa es la lógica impuesta por la hegemonía imperial: la idea de que la paz y la seguridad global solo pueden garantizarse bajo un modelo económico y político específico, el capitalismo. No obstante, la evidencia muestra que este paradigma no está exento de contradicciones, pues al tiempo que promueve la injerencia en países periféricos, invisibiliza problemas internos estructurales, como el narcotráfico en los propios Estados desarrollados.
En este contexto, la Asamblea General de la ONU se erige como un espacio de contraste. La mayoría de los discursos tienden a reforzar consensos y a legitimar el statu quo, pero, de tanto en tanto, emergen voces que irrumpen para cuestionar la narrativa oficial. La intervención de Gustavo Petro representó precisamente eso: un llamado a repensar la democracia, la paz, los derechos humanos y el derecho internacional desde una perspectiva crítica y alternativa.
En América Latina, la búsqueda de modelos distintos al hegemónico continúa viva, sobre todo en sectores progresistas. Sin embargo, persiste la carencia de unidad y fuerza política suficientes para traducir estas visiones en acciones capaces de transformar el orden mundial. Quizás el futuro depare un escenario más propicio para que estas propuestas no solo sean escuchadas, sino que logren constituirse en motor de un orden internacional más equitativo, plural y verdaderamente humano.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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