Consejo electoral hondureño avanza en reglamentación previo a elecciones generales
Tegucigalpa, 16 sep (AHN) El director de Aduanas de Honduras, Fausto Cálix, resaltó hoy la decisión del jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, al declarar culpable al empresario norteamericano Carl Alan Zaglin por sobornos en contratos de la Tasa de Seguridad.
En un mensaje en X, Cálix reprochó “el silencio sepulcral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la orden para que esto pase desapercibido que sólo confirma la complicidad de la cúpula empresarial con el narco-gobierno de Juan Orlando Hernández”.
En ese contexto, el funcionario reclamó explicaciones y reacciones públicas por parte del sector empresarial privado hondureño, tal como lo hacen con otras eventualidades.
El veredicto llega tras un juicio en el que, durante nueve días de audiencias, la Fiscalía estadounidense presentó correos electrónicos, transacciones bancarias, chats y diagramas internos (llamado “waterfall”) que evidenciaron cómo se estructuró una cascada de pagos que alcanzó a militares, policías, diputados y empresarios hondureños.
El expediente judicial detalló que los contratos investigados superaron los 10 millones de dólares en su conjunto (unos 281,800,000 lempiras) y otros individuales por aproximadamente 4.8 millones de dólares (135,264,000 de lempiras).
La Fiscalía identificó y vinculó en el caso a varios co-conspiradores y colaboradores —entre ellos Francisco Roberto Cosenza Centeno, Juan Ramón Molina y otros que ya han comparecido o cooperado— y presentó pruebas que conectan a ejecutivos con los pagos.
Según la lectura pública de Cálix, esas imputaciones y referencias políticas están siendo ocultadas por actores privados hondureños, mientras el proceso sigue su curso.
Zaglin fue hallado culpable por el jurado; la determinación de la pena será fijada por el tribunal en una audiencia posterior.
Fuentes judiciales y la cobertura del juicio documentan cargos vinculados a violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act y a delitos de lavado de dinero.
La causa contra Zaglin y sus asociados forma parte de una investigación más amplia sobre la administración de la llamada Tasa de Seguridad —un fideicomiso que financió compras para fuerza pública por el Partido Nacional— que ya derivó en imputaciones, acuerdos de cooperación y declaraciones judiciales en Estados Unidos.
EES
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