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Tegucigalpa, 29 jul (AHN) El Ministerio Público (MP) de Honduras presentó hoy un requerimiento fiscal contra una red de exfuncionarios, jueces y abogados acusados de defraudar al Estado por más de 3,000 millones de lempiras (unos 114,000 millones de dólares).
Según la investigación, los implicados utilizaron contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y procesos judiciales manipulados para cometer el fraude.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), identificó a los responsables de operar esta red durante más de 20 años.
El caso tiene como origen un contrato otorgado a la empresa DRC Inc. tras el huracán Mitch, a pesar de que la compañía no estaba habilitada para operar legalmente en Honduras.
Entre los acusados figuran Nelson Javier Márquez Euceda, actual diputado por el opositor Partido Nacional y exsecretario de SEDECOAS, Martha Doblado Andara, excoordinadora general de Gobierno, y Eva Vásquez, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.
También están involucrados los jueces Issabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Viloria, entre otros.
El Ministerio Público asegura que los implicados presentaron demandas fraudulentas, falsificaron documentos, aplicaron reglamentos no publicados y simularon conflictos entre empresas para justificar pagos millonarios.
De acuerdo a las autoridades del MP, parte del dinero terminó en cuentas personales de los acusados y sus familiares.
Además, la red habría ocultado acuerdos confidenciales entre empresas implicadas y presionado por pagos irregulares, incluso después de que resoluciones judiciales declararan nulo el laudo arbitral usado como base.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó que ya se han ejecutado capturas, “Con la Policía Nacional de Honduras y sus Direcciones especializadas, atendiendo orden emanada de tribunal competente y en colaboración con el Ministerio Público se capturó ya a las personas”, declaró.
Por su parte, la candidata a designada presidencial por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Álvarez, denunció la gravedad de los hechos y la presión ejercida por la red corrupta.
“Amenazaron a la próxima presidenta de Honduras Rixi Moncada que en aquel momento era Secretaria de Finanzas, a la Presidenta del Banco Central de Honduras y a la Procuraduría para que el Estado les pagara 3 mil millones de lempiras a una red de CORRUPCIÓN que incluye al diputado, si, del Partido Nacional Nelson Márquez, a jueces, fiscales, abogados”, afirmó.
JAS
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