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Tegucigalpa, 12 sep (AHN) Cientos de personas en Ecuador protestaron en rechazo a las políticas del presidente, Daniel Noboa sobre la capacidad para resolver la crisis de inseguridad y la escasez de medicinas en los hospitales públicos.
La movilización también cuestionó las leyes de integridad, solidaridad e inteligencia, aprobadas por la Asamblea Nacional, al ser catalogadas como inconstitucionales por conceder un poder excesivo al Ejecutivo, autorizar el uso desmedido de la fuerza y permitir accesos indebidos a datos privados.
La marcha inició a las 4 de la tarde (hora local de Ecuador) desde la caja del Seguro Social y recorrió la calle 10 de agosto hasta el centro histórico de Quito.
La protesta, convocada por numerosas organizaciones sociales, indígenas y sindicales, reunió a miles de personas en Guayaquil para exigir paz y seguridad, en una “contramarcha” frente a la movilización oficialista de Noboa.
Según un líder del Frente Popular, la “movilización es del pueblo ecuatoriano para demandar que se resuelvan sus problemas y contrasta con la movilización convocada con recursos del Estado, con la plata de las y los ecuatorianos, que no buscan resolver los problemas sino simplemente ponerse en sintonía con el ego de un dictadorzuelo”.
Otros dirigentes indígenas reprocharon al Gobierno, la presión ejercida contra la corte constitucional en referencia a la manifestación oficial.
La jornada registró momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes intentaron ingresar a la Plaza de la Independencia, sede del Palacio de Carondelet.
Los asistentes rechazaron el cerco metálico, el despliegue masivo de policías y militares, retirando vallas colocadas por las fuerzas de seguridad.
En el primer trimestre de 2025 se registraron cerca de 3,000 homicidios, una de las cifras más altas desde 2023, considerado el año más violento en la historia reciente de Ecuador.
En paralelo, la Corte Constitucional suspendió de manera cautelar varios artículos de las leyes impulsadas por Noboa bajo el carácter de “económico urgente”, aunque incluyeron temas de seguridad.
Entre las disposiciones congeladas figura la que otorgaba al presidente la facultad de conceder “indultos anticipados” a policías y militares procesados en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 contra el crimen organizado.
También quedaron sin efecto artículos de la Ley de Inteligencia que permitían a agentes adquirir identidades falsas y solicitar a los telefónicos datos privados de usuarios.
EES
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