Consejo de Ministros aprueba Presupuesto General 2026 sin aumentar impuestos en Honduras
Elaborado por: Lois Perez Leira
9 sep (AHN) Las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que rechaza categóricamente las acusaciones de Estados Unidos que señalan a Venezuela como productor y distribuidor de drogas, ponen sobre la mesa un debate necesario: ¿se trata de un señalamiento con sustento real o de una narrativa política destinada a socavar la soberanía venezolana?
Maduro no solo negó tales acusaciones, sino que fue más allá al convocar a expertos internacionales para que verifiquen en el terreno la realidad: en Venezuela no existen cultivos de coca ni infraestructura destinada a la producción de drogas. Señaló, con datos en mano, que la verdadera fuente de este flagelo es Colombia, país que concentra la mayor producción de cocaína a nivel mundial. Según sus cifras, el 87 % de esa cocaína circula por el océano Pacífico, mientras que apenas un 5 % busca cruzar por territorio venezolano.
En este contexto, el gobierno de Caracas exhibe logros que difícilmente podrían asociarse con una supuesta complicidad con el narcotráfico. Más del 70 % de la droga que intenta entrar por la frontera ha sido incautada gracias a la coordinación entre fuerzas militares, policiales y el poder popular organizado. A ello se suma la acción de la Fuerza Armada Nacional, que ha neutralizado 402 aeronaves vinculadas con estas redes.
Frente a estas cifras, cabe preguntarse: ¿qué hay detrás de la insistencia de Washington en señalar a Venezuela como un centro de narcotráfico? La respuesta parece menos relacionada con la droga y más con la geopolítica. La etiqueta de “narcoestado” ha sido utilizada en distintas partes del mundo para justificar sanciones, aislamientos y hasta intervenciones.
Por supuesto, ningún país está exento de los tentáculos del narcotráfico, un negocio global que se alimenta principalmente de la demanda proveniente del norte. Pero de allí a responsabilizar a Venezuela como epicentro del problema hay un salto que no resiste mayor análisis.
En definitiva, la ofensiva discursiva contra Venezuela parece formar parte de una estrategia para minar su soberanía y deslegitimar a su gobierno. Frente a ello, la apuesta de Maduro de abrir las puertas a observadores internacionales es, cuando menos, un movimiento audaz: si el país no tiene nada que ocultar, la verificación externa podría ser la mejor arma contra la manipulación política.
Lo que queda claro es que, más allá de simpatías o discrepancias ideológicas, el narcotráfico no debe ser usado como herramienta de guerra política. La lucha contra este flagelo exige cooperación regional, transparencia y, sobre todo, reconocer dónde está la raíz del problema.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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