Congreso hondureño recibe anteproyecto de Presupuesto General de 2026
Tegucigalpa, 3 sep (AHN) El exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras del anterior gobierno del Partido Nacional, Roberto Cosenza, se declaró culpable de soborno y lavado de activos en caso de corrupción vinculado a contratos por más de 10 millones de dólares (unos 261 millones de lempiras) destinados a la “fabricación” de uniformes para la Policía Nacional.
La audiencia se celebró en la Corte del Distrito Sur de Florida bajo la dirección del juez Edwin Torres, donde la Fiscalía estadounidense solicitó una condena de 30 años.
Según el departamento de justicia de Estados Unidos el caso es un avance en la lucha contra la corrupción transnacional.
Recordó además que la Tasa de Seguridad, creada en Honduras para fortalecer a la institución, terminó salpicada por múltiples denuncias de malversación durante la administración del Partido Nacional, encabezada entonces por Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
De acuerdo con la acusación, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Carl Alan Zaglin, propietario de una empresa de uniformes, junto a Aldo Néstor Marchena y Cosenza, conspiraron para sobornar a funcionarios hondureños y así asegurar contratos superiores a los 10 millones de dólares.
“Los implicados canalizaron las ganancias mediante cuentas y empresas en Estados Unidos y Belice. Más de 166,000 dólares (aproximadamente 4.3 millones de lempiras) fueron transferidos a cuentas controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño.”
El exfuncionario de 66 años, que formó parte del gabinete de Juan Orlando Hernández (2014-2022, preso por narcotráfico), había admitido su culpabilidad el 13 de agosto y nuevamente lo reiteró.
Según fuentes, a cambio de los sobornos, facilitó contratos millonarios para uniformes de la Policía Nacional, favoreciendo a empresas de Zaglin y Marchena.
En este sentido, el director hondureño de Aduanas, Fausto Cálix, reaccionó al inicio del juicio, señalando que la Tasa de Seguridad fue un fideicomiso creado por Hernández con apoyo de la cúpula empresarial privada.
Asimismo, Cálix, cuestionó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), al que señaló como cómplice y beneficiario del esquema, recordando que esa organización nombró a Juan Ramón Molina como su representante en el comité técnico del fideicomiso.
Molina, quien también se desempeñó como coordinador de la Tasa de Seguridad, aparece mencionado en documentos vinculados al caso, lo que pone en entredicho el rol del sector privado en la gestión de fondos públicos.
EES
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