Congreso hondureño recibe anteproyecto de Presupuesto General de 2026
Elaborado por: Daniel Alberto Madriz
13 sep (AHN) Hace 52 años, el general Augusto Pinochet, con el apoyo total del gobierno norteamericano, protagonizó un cruento golpe de Estado en la República de Chile, derrocando al presidente constitucional y médico de profesión Salvador Allende.
Ayer como hoy, los poderes facticos, tergiversan la historia, manipulan los hechos y acontecimientos a favor de sus intereses hegemónicos, multiplicando exponencialmente su difusión en la actualidad, a través de Internet, las mal llamadas redes sociales y la utilización de los algoritmos, convirtiendo las mentiras en verdades temporales, hasta que prevalece la realidad, pero en ese período de incertidumbre, obtienen los objetivos que se han planteado conseguir.
Así fue que en 1973, usando los medios de comunicación de la época, como las radios, la prensa de derecha entre ellos el diario El Mercurio, periódico de mayor circulación nacional en Chile, la televisión, los monopolios y agencias de comunicación internacionales, sumados a la gran prensa y cadenas televisivas norteamericanas en el contexto de la Guerra Fría, crearon un monstruo del gobierno de la Unidad Popular y su presidente Salvador Allende, acusándolo de expandir el “fantasma del comunismo” por el Cono Sur, tratar de convertir a Chile en un satélite de la antigua URSS, y querer abolir las empresas e industrias privadas de la burguesía chilena.
Estas narrativas totalmente repetidas a diario, atemorizaron y exasperaron a los poderosos empresarios de la extrema derecha chilena, a sectores de la inconsistente “clase media”, a los partidos de la burguesía histórica, a los dueños de camiones de transporte pesado y de los buses de transporte urbano, comerciantes en general, etc., temerosos unos y manipulados otros, terminaron confabulándose con el ejército elitesco y fascista chileno, formado en los campos de entrenamientos de La Escuela de las Américas, dirigidos por la CIA, para derrocar al gobierno Allendista que ni siguiera tenía mayoría en el Congreso en ese país austral.
El magnate del petróleo y de las finanzas David Rockefeller, en sus Memorias, publicadas en el año 2004, reconoció el importante papel que él jugó en el derrocamiento del presidente Salvador Allende, acción sintetizada en su tristemente célebre frase de: “ hay que hacer chillar la economía chilena”, es decir, fue el propulsor de la caotización de la economía durante el mandato de Allende, crisis que consistió en el saboteo, acaparamiento, desaparición y escasez de alimentos y otros productos durante el mandato del galeno chileno.
Rockefeller, de forma cínica declara haber conspirado con Agustín Doonie propietario del diario El Mercurio, con Henry Kissinger y la agencia de inteligencia norteamericana, para impulsar y financiar el golpe contra el gobierno de la Unidad Popular, incidiendo en el gobierno de Richard Nixon, quien aumentó los subsidios financieros clandestinos a los grupos opositores de la derecha chilena.
La familia Rockefeller son los propietarios, con otros financistas de la Anaconda Copper Mining Company (Chuquicamata), la mina de cobre a “tajo abierto” o sobre superficie, llamada también a cielo abierto, más grande del mundo que fue nacionalizada en 1971 por Salvador Allende, con la aprobación unánime del Congreso Nacional de Chile, dónde el gobierno de la Unidad Popular no era mayoritario.
Las reformas que intentó adelantar Salvador Allende, aceleraron la conspiración, al punto que representaron las principales excusas para que Richard Nixon y Henry Kissinger defenestraran al gobierno de Allende. La injerencia abierta del gobierno de los EE.UU. fue acelerada, y tal cual como se elabora una obra de teatro, fueron buscando los actores y protagonistas quienes asumirían las acciones para que, llegado el momento, se consumara el golpe fascista.
El 29 de junio de 1973, un pequeño sector del ejército chileno, protagonizó lo que después fue conocido como el “Tanquetazo” que fue un intento de golpe de Estado fallido que tuvo lugar en Chile, unos tres meses antes del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende. Ese falso intento, le sirvió a Pinochet y demás golpistas para identificar que sectores dentro del ejército apoyaban al gobierno y quienes no. El intento fue liderado por el general Roberto Viaux, quien movilizó tanques y tropas del ejército para tomar el Palacio de La Moneda, sede del gobierno.
Aunque el “Tanquetazo” fue aplacado y no logró derrocar al gobierno de Allende, aceleró la polaridad política y aumentó la inestabilidad en el país, las tensiones y el clima de agitación y protestas orquestada por sectores derechistas contra Allende, cada día se multiplicaban, seguido de manipuladas huelgas y pago de la derecha reaccionaria a los chóferes para que no sacarán sus unidades de transporte urbano a cumplir su servicio. También la propia burguesía reaccionaria protagonizó cacerolazos contra el gobierno de la Unidad Popular.
Todos estos acontecimientos previos y de agitación y de “calentamiento de calles”, como hizo años después la derecha en Venezuela, días antes de golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2002, culminaron en el golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet.
No obstante, sectores organizados de la clase obrera y sindicatos le exigían a Salvador Allende que les proporcionara armas para defender el gobierno, peticiones que el presidente Allende desestimó, apegándose a la Constitución y a la legalidad burguesa, posición ética que los golpistas fascistas desconocieron de forma total.
Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, llevaron a cabo el golpe de Estado anunciado, Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de La Moneda, el presidente Salvador Allende, se negó a renunciar realizando un memorable discurso por la radio hasta que fue apagada por las tropas fascista.
Allende murió ese mismo día mientras defendía el Palacio, el cual quedó parcialmente en llamas y derruido. El golpe fascista del 11 de septiembre, dio origen a la conformación de una junta militar comandada por Augusto Pinochet, además la dictadura fascista disolvió hasta el mismo Congreso en gran medida liderizado por los partidos de derecha, dictadura que se extendió hasta 1990.
Durante este período se cometieron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Miles de personas fueron detenidas, torturadas o ejecutadas por motivos políticos, así como miles de chilenos fueron víctimas de desaparición forzada. También la censura de los medios de comunicación y la persecución de la oposición política se convirtieron en prácticas común.
Durante la dictadura de Pinochet, la cultura popular en Chile, fue censurada, reprimida y manipulada por el régimen militar para imponer su ideología y silenciar la disidencia. La libertad de expresión fue suprimida, los medios de comunicación fueron controlados, y artistas, escritores y músicos fueron exiliados o sufrieron persecución, lo que llevó al desarrollo de una cultura de resistencia y a la producción de obras que, a pesar de la represión, intentaron mantener viva la memoria y la crítica.
La dictadura prohibió los partidos políticos, disolvió el Congreso Nacional y limitó severamente la libertad de expresión y de prensa. Los medios de comunicación fueron censurados y controlados, y se utilizaron para difundir la propaganda del régimen. A pesar de la represión, se desarrolló una rica cultura de resistencia a través de la creación clandestina, la música como la nueva canción chilena se difundió por todo el continente y en Europa, el cine, la literatura y el teatro, sirvieron como espacios de crítica y memoria.
Los cantores y músicos jugaron un papel vital en este contexto, usando sus canciones para protestar contra la dictadura, denunciar las violaciones de derechos humanos y mantener vivas las esperanzas de una futura democracia. El régimen fascista por su parte, intentó crear una imagen de orden y progreso a través de la cultura, promoviendo valores conservadores y patrióticos para legitimar el gobierno.
Por otra parte, la dictadura buscó reescribir la historia y la memoria colectiva, pero la cultura popular, especialmente a través de la música y la literatura, se convirtió en un espacio para contrarrestar esta narrativa oficial. En resumen, la cultura popular durante la dictadura de Pinochet fue un campo de batalla entre la represión impuesta por el régimen y la resistencia de los artistas, músicos y la sociedad civil, que lucharon por mantener viva la libertad de expresión y la memoria cultural del país.
Sin embargo, y a pesar de que Pinochet, dejó la presidencia en 1989, mantuvo el control del ejército hasta 1998 y continuó siendo una figura influyente en la política chilena. Ese mismo año, Pinochet fue arrestado en Londres, pero evitó ser juzgado por sus problemas de salud y pudo regresar a Chile en el año 2000, donde tuvo que hacer frente a varios procesos legales.
Finalmente murió en 2006 sin haber sido condenado por las violaciones de derechos humanos cometidos durante su régimen. En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) documentó 2.296 casos de personas que habían sido objeto de homicidio político, de los cuales casi un millar eran casos de desaparición forzada.
En 2004 y 2005, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) halló que 28.459 personas habían sido detenidas por motivos políticos y que la mayoría de ellas habían sido torturadas. La Comisión se reabrió en 2010 para evaluar más casos de desaparición forzada, homicidio político, encarcelamiento por motivos políticos y tortura.
El total de personas reconocidas oficialmente en Chile como desaparecidas o asesinadas entre 1973 y 1990 es de más de 3.200, y el de personas que sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o tortura, de cerca de 40.000.
De acuerdo con varias Comisiones de la Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente en Chile durante la dictadura, fue de 40 mil 175 personas, incluyendo la ejecución de activistas políticos, detenidos, desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. En 1975, dos años después de perpetrado el golpe de Estado, la Junta Militar de Gobierno, encabezada por Pinochet, pagó una indemnización de US$250 millones, a las familias antiguas propietarias de la mina de cobre Anaconda, por conceptos de expropiación de aquella empresa minera que fue nacionalizada por Salvador Allende de forma legal y nacionalista, apoyada por sectores inclusos, contrarios a la Unidad Popular.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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