Editorial Agencia Hondureña de Noticias
En las últimas dos décadas, Centroamérica —y particularmente Honduras— se ha convertido en un campo de operaciones para una red de instituciones internacionales que, bajo el auspicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos y su brazo ejecutor USAID, han desarrollado una sofisticada estrategia de intervención comunicacional. Su objetivo: debilitar los procesos soberanos que no responden a sus intereses geopolíticos y económicos.
A través de estructuras como el Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz (IWPR), el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), la Red Global de Periodismo de Investigación (GINJN), y el fondo AEIF para antiguos becarios del Departamento de Estado, se ha financiado la creación de plataformas digitales que, bajo la fachada de “periodismo independiente”, replican una narrativa alineada con los intereses de Washington.
En Honduras, los tentáculos de este modelo son evidentes. Plataformas como Contracorriente, En Alta Voz, Criterio HN y Honduras Verifica no son proyectos autónomos nacidos del pueblo, sino piezas dentro de una maquinaria transnacional de comunicación que opera bajo lógicas de coautoría, replicación y legitimación mutua.
Estos medios están interconectados a través de consorcios como CAPIR y Connectas Hub, y se alinean discursivamente con medios como Armando.info (Venezuela), Animal Político (México) y Vinland Solutions (Nicaragua).
Pese a que se presentan como voces críticas del poder, estos medios responden —de forma directa o indirecta— a intereses internacionales.
En el caso de Contracorriente, su línea editorial evidencia una tendenciosa selectividad: omiten sistemáticamente los avances y transformaciones del gobierno democrático y progresista de Xiomara Castro, mientras amplifican todo indicio de crisis, error o contradicción, con el propósito de socavar la legitimidad popular de un proyecto que busca desmontar el modelo neoliberal que tanto daño ha hecho al país.
Este fenómeno pierde impulso tras el golpe que supuso, para estas estructuras, la política exterior de Donald Trump, quien recortó drásticamente los fondos de USAID hacia América Latina.
Al quedarse sin ese flujo de recursos, muchas de estas plataformas iniciaron una ofensiva mediática y diplomática a fin de hacerse pasar por indispensables para la democracia y la transparencia, recurriendo al chantaje discursivo como mecanismo de supervivencia: se presentan como defensores de derechos humanos y de la libertad de prensa, cuando en realidad operan como correas de transmisión de intereses geopolíticos ajenos al pueblo hondureño.
La paradoja no puede ser más evidente: medios que se autoproclaman independientes, mientras reciben financiamiento de los mismos actores que han respaldado golpes de Estado, fraudes electorales, gobiernos corruptos y estructuras vinculadas al narcotráfico como la del expresidente Juan Orlando Hernández.
Estos medios no solo son funcionales a la narrativa del poder imperialista, sino que actúan en alianza tácita con las élites económicas locales —las 10 familias más poderosas del país: Atala, Facussé, Kafie, Kafati, Nasser, Bueso Arias, Canahuaf, Larach, Villeda Ferrari y Rosenthal—, que históricamente han controlado la cultura, la economía, la educación y los medios de comunicación.
Su hegemonía comunicacional, antes dominada por los grandes canales televisivos y radios conservadoras, ahora intenta renovarse en lo digital, con el mismo guion de siempre: atacar a todo gobierno que intente salirse del libreto.
Es hora de desenmascarar ese doble discurso. La crítica es esencial en una democracia, pero debe ejercerse con responsabilidad, honestidad intelectual y rigor informativo.
Cuando la crítica se convierte en un arma para sostener la dominación y socavar los procesos emancipatorios, deja de ser periodismo y se transforma en herramienta de intervención política.
Contracorriente y sus aliados deben decidir si su vocación es realmente periodística o si son operadores comunicacionales al servicio de intereses foráneos.
Honduras ya no es el país de hace diez años. El pueblo ha despertado, se informa, cuestiona y construye. Y frente a la manipulación, también tiene derecho a crear sus propios medios, sus propias voces para difundir la verdad que esconde y tergiversa la derecha criolla e internacional.
Porque la comunicación alternativa, no es un lujo, es una necesidad en esta nueva etapa de lucha revolucionaria por la dignidad, la justicia y la soberanía.
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