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Elaborado por: Por Rafael Méndez
Tegucigalpa, 11 ago (AHN) Más que un gesto protocolario o simbólico, se trata de un llamado explícito a enfrentar el pasado con transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la verdad.
La invitación pública que hizo el presidente Gustavo Petro para que el encarcelado Álvaro Uribe Vélez se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) representa un hito crucial en la historia reciente de Colombia, y en la larga búsqueda de justicia para las víctimas de los falsos positivos. Más que un gesto protocolario o simbólico, se trata de un llamado explícito a enfrentar el pasado con transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la verdad.
Este llamado interpela a la máxima autoridad política que durante años ha estado en el centro de las controversias sobre la política de seguridad que derivó en la tragedia de los falsos positivos. Acoger la JEP no es simplemente un acto jurídico: es abrir la puerta a la verdad plena, a que se revelen los hechos aún ocultos y a que se asuman las responsabilidades que, aunque dolorosas, son esenciales para la reconciliación nacional y para la construcción de una paz total, duradera y genuina.
La negativa de Uribe a aceptar este proceso no solo dificulta la búsqueda de justicia, sino que mantiene viva la herida abierta en la sociedad colombiana, dejando a miles de familias en la incertidumbre, sin respuestas ni reparación. La justicia no puede seguir siendo un laberinto inaccesible para quienes sufrieron directamente la barbarie de los falsos positivos.
El significado profundo de la JEP
La JEP fue creada como un mecanismo transicional para garantizar justicia en el marco del fin del conflicto armado. No es un tribunal cualquiera, sino un espacio donde se busca la verdad y la reparación, priorizando la participación voluntaria de quienes tienen responsabilidad en los hechos para construir memoria y evitar la repetición.
Para excombatientes, la JEP es obligatoria, pero para agentes del Estado o civiles como Uribe, es una invitación voluntaria. Sin embargo, esa voluntariedad no implica impunidad ni olvido; implica asumir la verdad y aceptar sanciones que contribuyan a la reparación colectiva. Por eso, la invitación de Petro cobra un valor histórico: es un llamado para que el expresidente dé un paso que, más allá de lo político, contribuya a la justicia social y a sanar la herida nacional.
La reparación para las víctimas.
Más de 6,400 víctimas identificadas como falsos positivos no pueden quedar relegadas al olvido ni a la indiferencia. La justicia es el camino para dignificar sus nombres y sus historias, para darles voz y garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
El reconocimiento de la responsabilidad política en este drama humano es un paso fundamental para que Colombia pueda cerrar un capítulo que marcó profundamente su historia reciente. La transparencia y la aceptación de esa responsabilidad, más allá de nombres o cargos, deben ser la base para una reconciliación sincera y duradera.
La tragedia de los falsos positivos trasciende lo jurídico y se convierte en una exigencia ética para Colombia. La verdad, la justicia y la reparación son pilares esenciales para cualquier sociedad que aspira a la paz real. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está hoy en el centro de esta encrucijada histórica. Aceptar la invitación de la JEP no solo es un acto de justicia, sino un acto de responsabilidad histórica que puede abrir caminos hacia la reconciliación nacional.
Mientras esta responsabilidad sea negada o evadida, la sociedad colombiana seguirá arrastrando una herida profunda, marcada por el dolor, la impunidad y la falta de respuestas que tanto anhelan las víctimas y el país entero.
Falsos Positivos: La obra siniestra Uribe.
El fenómeno de los “falsos positivos” representa uno de los capítulos más sombríos de la historia de Colombia, en el que se produjeron crímenes de lesa humanidad de una magnitud escalofriante, consecuencia de la creación de las condiciones que llevaron al asesinato sistemático de miles de jóvenes por parte de miembros del Ejército Nacional.
Al pasar de los años se acumularon una cantidad abrumadora de pruebas que señalan la responsabilidad directa de la política de seguridad durante los periodos de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, consecuencia de la implementación del Plan Colombia, en el que se registraron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo los casos de “falsos positivos”, y el desplazamiento forzado de comunidades. Algunos críticos señalan que la ayuda militar estadounidense, con su enfoque en la confrontación armada, exacerbó la violencia en el conflicto.
Aunque la justicia colombiana aún tiene una deuda pendiente en la imputación directa del expresidente Uribe Vélez, la evidencia disponible en informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sentencias judiciales y una vasta documentación periodística, apuntan a que fue desde lo más alto del poder que se articuló esa maquinaria del crimen, simulado en “bajas en combates”, con cuya acción se recompensa a los mandos militares.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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