Congreso hondureño recibe anteproyecto de Presupuesto General de 2026
Tegucigalpa, 9 sep (AHN) En la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, el juicio por la Tasa de Seguridad expone hoy una compleja red de corrupción, narcotráfico y sobornos que compromete a líderes políticos, empresarios y militares hondureños durante la era del expresidente —convicto en Nueva York— Juan Orlando Hernández.
De acuerdo a los datos arrojados durante el juicio, que se ha convertido en una radiografía del saqueo institucional en Honduras durante administraciones anteriores, documentos y testimonios revelan que los opositores partidos Nacional y Liberal funcionaron como estructuras criminales que entrenaron maras, protegieron narcotraficantes y usaron el Estado como fachada.
El caso contra el excongresista y militar Midence Oquelí Martínez Turcios ha servido como antesala de las revelaciones.
Según los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, Martínez Turcios utilizó su investidura para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y colaboró con la Mara Salvatrucha (MS-13) en el entrenamiento de sicarios, manejo de explosivos y resguardo de cargamentos ilícitos.
Los vínculos con el empresariado tampoco quedaron fuera. Testimonios señalan que Martínez Turcios fue socio en empresas ligadas a Los Cachiros, como Ganaderos, que recibió financiamiento del Banco Continental, entonces propiedad de la familia Rosenthal.
Es de recordar que, Yani Rosenthal, excandidato presidencial liberal, ya fue condenado en Nueva York por lavado de activos.
La trama alcanzó al Congreso Nacional, donde en 2014 se denunció la injerencia de 25 diputados liberales y figuras criminales en la elección de la directiva legislativa.
La acusación contra Carl Alan Zaglin, empresario estadounidense procesado en Florida, profundizó los señalamientos al mostrar que contratos inflados de la Tasa de Seguridad sirvieron para canalizar sobornos a ministros, militares y diputados.
Uno de los nombres más resonantes ha sido el de Julián Pacheco Tinoco, exministro de Seguridad, señalado como enlace directo con carteles de la droga y beneficiario de sobornos vinculados a la compra de uniformes y equipo militar.
Fotografías presentadas en el tribunal lo muestran acompañado de diputados y altos mandos, reforzando la imagen de complicidad política-militar.
El papel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también quedó en evidencia, ya que Juan Ramón Molina, su representante en el Comité de la Tasa, aparece como pieza clave en la firma de contratos cuestionados.
Documentos con el sello del COHEP y la firma de la entonces presidenta Aline Flores confirmaron la participación empresarial en decisiones que beneficiaron a contratistas ligados a la corrupción.
La Fiscalía estadounidense describe este esquema como “The Waterfall”, la cascada de sobornos que fluyó desde compañías como Atlanco hasta políticos, banqueros y empresarios hondureños.
Testigos relataron pagos por hasta 750,00 dólares (más de 19.5 millones de lempiras) en un solo contrato, e incluso episodios grotescos como intentos de soborno materializados en relojes de lujo.
El juicio, que inició el pasado martes 2 de septiembre y se estima durará tres semanas, ya cuenta con un jurado de 12 miembros —casi la mitad de origen latino— y se prevé que continúe exponiendo decenas de pruebas, incluyendo correos electrónicos, grabaciones y registros financieros.
De acuerdo a diferentes analistas y expertos en la materia, el proceso no solo busca responsabilidades individuales, sino que perfila la magnitud del narcoestado sostenido durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Nueva York por narcotráfico.
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