Elaborado por: Por Rafael Méndez
República Dominicana, 28 jun (AHN) En Honduras, país donde la sombra del fraude ha recorrido cada proceso electoral en el siglo XXI, las señales de avance democrático en torno a las elecciones generales de noviembre de 2025 están siendo observadas con atención dentro y fuera del país.
Diversos actores —nacionales e internacionales— han destacado la necesidad de reforzar la confianza ciudadana y de garantizar condiciones transparentes, en una nación marcada por profundas heridas de ilegitimidad y represión electoral.
El reciente sorteo de posiciones en la papeleta presidencial, llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido presentado como un gesto de transparencia institucional. Sin embargo, las advertencias de la candidata Rixi Moncada, del partido oficialista LIBRE, sobre posibles intentos de fraude, remueven los fantasmas del pasado reciente.
A estas advertencias se suman ahora la presidenta Xiomara Castro y el líder de LIBRE, Manuel Zelaya, quienes han elevado el tono de la denuncia y convocado a la movilización nacional. Entre las aspiraciones democráticas y el recuerdo de elecciones violentadas, se perfila un escenario donde la vigilancia ciudadana, la movilización popular y la presión internacional serán claves para que el voto popular sea respetado.
Honduras: la democracia bajo vigilancia permanente
Desde su transición al orden constitucional en 1981, Honduras ha celebrado once elecciones generales, pero muy pocas han sido plenamente reconocidas como legítimas por amplios sectores de la población. En los últimos tres ciclos —2013, 2017 y 2021— el tema del fraude ha sido el eje de disputa más persistente. Las irregularidades denunciadas no han sido meras suposiciones partidarias: han sido documentadas por observadores internacionales, organismos de derechos humanos y periodistas independientes.
El legado inmediato del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora procesado por vínculos con el narcotráfico en EE. UU., es parte de esa historia. Bajo su mandato, el fraude fue convertido en una operación de Estado. Así lo expresan desde hace más de una década líderes y lideresas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE): “Tenemos el pueblo, tenemos la gente para ganar, pero nuestro enemigo principal es el fraude”.
El eco persistente de 2013 y 2017
Las elecciones de 2013 representaron para LIBRE su primer gran asalto al poder, con Xiomara Castro como candidata. Las encuestas y resultados preliminares apuntaban a una victoria. Sin embargo, una interrupción abrupta en la transmisión de datos y el posterior cambio en las tendencias a favor de Juan Orlando Hernández encendieron las alarmas. Se denunció la compra de votos, actas adulteradas y graves inconsistencias en el padrón. Las protestas no se hicieron esperar, ni tampoco la represión.
Pero fue en 2017 donde el proceso electoral hondureño tocó fondo. Hernández buscó la reelección pese a su prohibición constitucional, y cuando Salvador Nasralla lideraba el conteo, el sistema volvió a detenerse. Días después, el Tribunal Supremo Electoral lo declaró perdedor. Las calles ardieron y la represión fue brutal: más de 30 muertos y cientos de detenidos. La OEA solicitó repetir las elecciones, pero la sugerencia fue ignorada por las élites de poder.
Vigilancia activa y movilización popular
La experiencia ha dejado una lección clara para el movimiento popular hondureño: sin vigilancia activa, el fraude se impone. De ahí que Rixi Moncada, hoy candidata presidencial de LIBRE y protagonista de las reformas en defensa del voto, haya encendido las alarmas tempranamente. Según ella, sectores ligados al viejo bipartidismo pretenden reproducir “el esquema del fraude” mediante manipulaciones como la “segunda transcripción pública” de actas.
Como respuesta, LIBRE ha llamado a movilizaciones nacionales, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado de 2009 que depuso a Manuel Zelaya. Con ello, no solo se honra la resistencia popular, sino que se reivindica la movilización como garantía del voto. En palabras de Moncada: “No basta con tener el pueblo, hay que derrotar el fraude”. La historia les da razones para mantenerse alerta.
En esa misma línea, la presidenta Xiomara Castro advirtió recientemente que “no podemos permitir que el fraude se repita” y exigió “respeto a la voluntad del pueblo y elecciones limpias y transparentes”, apuntando directamente a sectores que —según ella— buscan “reciclar las mismas mañas del pasado”.
Por su parte, el coordinador general de LIBRE y expresidente derrocado, Manuel Zelaya, ha sido tajante: “Fraudes, nunca más. Venceremos”. Convocó a tres días de movilización del 26 al 28 de junio, con una concentración frente al Consejo Nacional Electoral, denunciando una estructura de manipulación que se está reactivando desde dentro del propio sistema electoral.
CNE: entre las buenas intenciones y la desconfianza estructural
El reciente sorteo de posiciones en la papeleta presidencial —donde Moncada ocupa la casilla 2, Nasralla la 4 y Asfura la 5— fue realizado públicamente en Tegucigalpa, con presencia de los tres consejeros del CNE. La consejera Ana Paola Hall aseguró que el ente está dando “el 1000% para garantizar elecciones transparentes” y subrayó que el país no puede permitirse otro proceso en medio de la violencia y el descrédito.
El CNE ha solicitado apoyo al PNUD para monitorear la participación femenina y la violencia política, temas críticos en el contexto hondureño. Pero la ciudadanía y la militancia de LIBRE saben que el aparato electoral, por sí solo, no puede contener el intento de despojo si no cuenta con respaldo social organizado. El reto es doble: evitar el fraude y demostrar que el sistema puede, por una vez, honrar la voluntad del pueblo.
¿Una oportunidad para exorcizar los demonios del pasado?
El camino hacia las elecciones del 30 de noviembre está marcado por dos fuerzas en tensión: por un lado, el deseo popular de que las urnas expresen sin distorsión su soberanía; por el otro, los resabios de una oligarquía que históricamente ha manipulado las reglas del juego para perpetuarse. Honduras tiene hoy una oportunidad de reivindicarse ante el mundo y ante su pueblo.
Pero no basta con declarar intenciones. La legitimidad se construye con hechos. El fraude ya no puede ser considerado un accidente; debe ser combatido como un crimen contra la democracia. Si algo enseña la historia reciente es que solo con pueblo organizado, prensa vigilante y comunidad internacional comprometida podrá Honduras entrar en una nueva etapa electoral donde, efectivamente, se respete la voluntad popular.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
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